Alto Bonito, en Rionegro, una solución lejana

Escuchar a su hijo de ocho años decir “vámonos rápido papá que de pronto el alcalde manda a que nos tumben la casita y nosotros no estamos”, cada vez que abandona el colegio o ve a un policía cerca, inquieta a don Hermilson Noreña, y a 20 familias más del sector Alto Bonito, que fueron notificadas con orden de demolición de sus viviendas.

A 1.8 km del parque principal de Rionegro, se encuentra el asentamiento de Alto Bonito, un lugar en medio de la inmensidad del campo, un sector que le hace honor a su nombre: alto y bonito. Toda una travesía el camino hacia la casa de don Hermilson Noreña, quien a pesar de su notable preocupación, trata de mantener siempre una espontánea sonrisa.

Este sector, asentamiento o hueco, como despectivamente le llaman, es el hogar de más de 1.500 personas que, en su mayoría, llegaron en situación de desplazados procedentes de otros municipios del Oriente antioqueño. Alto Bonito nació para reintegrar a una comunidad vulnerable, y aunque tienen claro que el sector fue declarado como zona de protección ambiental, lo supieron años después de invertir su limitado capital en un terreno que ahora reclama el Estado, por la condición ambiental en la que se encuentra.

Ser vecino de una reserva de agua donde nace una de las fuentes que alimenta el acueducto más importante de Rionegro: la represa Abreo Mal Paso, no es tan sencillo como parece; hay días, especialmente en verano, que don Hermilson debe recoger agua del nacimiento para lavar su ropa y para otros usos.

Represa Abreo Mal Paso

La condición de la fuente no es la mejor, ni siquiera medianamente buena, su polución y los deshechos del sector, han creado una gran problemática que afecta a todo el municipio de Rionegro por la falta de alcantarillado y de pozos sépticos en este sector.

Procesos judiciales y otros que buscan solución definitiva

Entre derechos de petición, acciones populares, denuncias en contra de la Administración y demás entidades involucradas, solicitudes de alcantarillado, pozos sépticos, reubicaciones, y cartas de inconformidad, se hallaron unas letras que, sin duda, son la voz de una comunidad intranquila y agobiada.

“Señores coordinadores de planeación, espero que se encuentren bien de salud y escuchen mi súplica, esperando una pronta solución a mi problemática. Desde antes de 1986 conozco Alto Bonito y que dicen ustedes que es zona de alto riesgo, que por lo tanto no dan licencia para construir, pues desde que lo conozco no he visto deslizamientos, inundaciones o casas caídas, por lo tanto quiero que nos respeten los ranchos, que en vez de demoler, nos den licencia para construir y nos legalicen los predios como con escrituras, con servicios públicos legales: agua, gas, luz, teléfono, buen alumbrado público, para que así el municipio disfrute cobrando los impuestos prediales. Espero que al señor Hermilson de Jesús Noreña Aristizábal le respeten el predio, o mejor, porque no estoy de acuerdo que me demuelan mi vivienda porque me costó sudor, dinero la echa de mi apartamentico, ya que no cueto con trabajo estable o con ayudas del Estado o el municipio, como desplazado de la violencia; tengo 1 hijo menor de 9 años y otro menor de 19 años, con discapacidad mental, todo por culpa de la violencia- si agrego si quieren demoler mi casa y que me den una finca que me dé para vivir” [sic], decía una carta escrita a mano por el señor Hermilson Noreña.

Problemática

En el año 2018, a la comunidad del sector de Alto Bonito ya se le daba por hecho que ocupaba una zona de protección ambiental, esto con el fin de decirles que debían abandonar el sector para proteger las fuentes hídricas. “Esto es una noticia mentirosa en el sentido que todo el municipio ha rodeado a Alto Bonito con licencias y entidades constructoras, entonces lo que se ve aquí es un acto de hipocresía y de discriminación frente a todo este conglomerado social y habitacional”, expresó Adadier Perdomo, abogado de la comunidad.

Luego de haber sido declarado el sector como zona de protección ambiental, la municipalidad llegó con una nueva problemática para sus habitantes: las órdenes de demolición de viviendas. “Unas demoliciones que las hacen a dedo. Entonces, ¿por qué no demuelen todo el barrio?”, dijo el abogado.

Estas noticias generaron pánico social e incluso afectaciones psicológicas, pero, para entender más a fondo la situación es importante conocer la historia del sector. Alto Bonito comenzó en la primera década del siglo XX, entre los años 1910, 1912. En esa misma época, en el año 1912, aparecen tres predios en los certificados de libertad y tradición, a nombre de Carlos García y su familia.

De la descendencia de esta familia García Ospina fueron construyendo en estos predios, y a través también de terceras personas quienes se fueron afincando en la zona. Luego de un tiempo, empezaron a vender pedazos de tierra, pero en ese entonces no hubo control por parte del Estado, y esto generó construcciones en grandes proporciones sin ningún control urbanístico. “La responsabilidad es del Estado, por no haber velado por el sector desde mucho tiempo atrás. Y ahora vienen a declararlo zona de protección ambiental cuando ya está habitado”, agregó Adadier Perdomo.

A raíz de todo esto, y del desconocimiento de la comunidad por defender sus derechos, el abogado Adadier Perdomo, junto a Luis Eduardo Castaño, un líder comunitario, decidieron adelantar algunas acciones constitucionales como acciones populares, para el establecimiento de los servicios públicos de alcantarillado. “Si usted va desde la colina de Alto Bonito hacia la Represa Abreo mal paso, sale con gripe, o afectado de alguna manera por la contaminación del aire: carroña, moscos y mal olor, porque todas las cañerías bajan, no solo por el sector de Alto Bonito, si no, de Abreo y Altos de la Y. Todo eso va a parar en la Represa Abreo mal paso que está siendo explotada económicamente por la empresa EpRio, que es la que nos vende el agua a los rionegreros, y a un precio costoso”, expresó el abogado.

Demolición de viviendas

Actualmente, hay un promedio de 20 familias con orden de demolición, unos en etapa intermedia, y otros en etapa concluida como en el caso de don Hermilson Noreña, quien ya agotó los recursos de la vía administrativa y tiene la decisión en firme por parte del municipio para la demolición de su vivienda. La municipalidad se pronunció en respuesta a su radicado diciendo que, “la sanción impuesta para el comportamiento presentado por el señor Hermilson Noreña, obedece a la demolición de la obra, luego de recopilarse las pruebas necesarias para determinarla sanción, contemplada en la Ley 1801 de 2016. La sanción de demolición no puede ser reemplazable por multa ya que se trata de una infracción insubsanable por la imposibilidad de la edificación de ser adaptable a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, para la zona, en este caso, vivienda unifamiliar de máximo dos pisos”.

Por su parte, el abogado Perdomo, expresa que no tiene claro los juicios que implementa la Administración para adelantar proceso de demolición a unas viviendas y a otras no. “¿cuál ha sido el mecanismo selectivo por parte del municipio para adelantar esos procesos de demolición a unas familias y a otras no?, es un tema que queda sin resolver”, agregó.

Entidades involucradas

Las entidades involucradas en esta problemática (Administración Municipal de Rionegro, Departamento de Antioquia, Cornare, EPM, EpRío, y el Estado Nacional) en materia de servicios públicos, ambiente y alcantarillado, fueron creadas con el fin de velar por las garantías de los fines esenciales del estado como son “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; en consonancia con los principios innegables e irrenunciables como son en cabeza de las autoridades, de la República, que ‘están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’”, (párrafo extraído del documento de solicitud de medidas cautelares).

Estas entidades aún no presentan soluciones.

Acción popular

Uno de los procesos judiciales que adelantó el abogado, fue –según él-, interponer varias acciones populares ante el Tribunal Contencioso de Antioquia, que buscan beneficiar, no solo al sector de Alto Bonito, si no, a todos los rionegreros.

El interés de estas acciones constitucionales, interpuestas por el abogado y toda la comunidad, es, en primera instancia, que se establezca el alcantarillado, y también, que se reubiquen única y exclusivamente a las familias que tienen sus viviendas en amenaza de ruina y de un colapso inminente, y que dichas residencias hayan sido diagnosticadas como de alto riesgo, dentro de la observancia, de los principios de prevención y de las garantías de vida y la salud de los administrados.

Ya hemos tenido en una primera demanda de acción popular, la audiencia del pacto de cumplimiento que trata la Ley 472 del 98; esa Ley es especial porque establece que las entidades pueden proponer fórmulas de arreglo; y aunque ninguna llevó una solución, Cornare, sí dejó abierta la posibilidad de establecerlo, porque ellos sí conocen la gran problemática ambiental y de contaminación que se adelanta en el sector”, expresó el abogado.

Asimismo, Luis Eduardo Castaño, líder comunitario, le manifestó a La Prensa que, “en este momento la comunidad tiene una expectativa muy fuerte y es que sí van a hacer el alcantarillado entre este 2019 y el 2020. Esto se hará mediante la tutela interpuesta”.

Las acciones populares buscan proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza que se definan por el legislador.

Otros testimonios

Margarita María Hincapié, tiene 53 años y es doblemente desplazada, primero del municipio de Segovia, Antioquia, y segundo, de la ciudad de Cali, ahora sería la tercera vez que sería desplazada. En el 2017, llegaron a Alto Bonito, donde compraron un lote en el que empezaron a construir su casa; sin embargo, la Secretaría de Planeación, les detuvo la construcción y les dio orden de demolición de su vivienda.

Debido a las deudas que habían adquirido con el fin de tener su propia casa, Margarita y su esposo, tuvieron que seguir con la construcción, omitiendo el sello que la Administración les había puesto. “En abril de 2018, nos dijeron que eso hoy va a demolición, nos dieron 8 días para que tumbáramos la casa o que ellos la mandaban a tumbar”, expresó Margarita, quién inicialmente por desconocimiento, no había llevado la problemática a un proceso judicial, pero luego, dejó todo en manos de un abogado que logró detener el proceso.

Margarita expresó que esta problemática la había llevado a un estado de depresión y de enfermedad, debido a la preocupación por la demolición de su casa. “Estábamos preocupados de que nos iban a venir a tumbar, hasta que llegó otro abogado, uno general para todo el sector, que nos dijo que nos iba a ayudar y entonces todos nos unimos”, dijo, agregando que le pide a la Administración que, “todos como seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna, que no nos hagan este daño, porque si nos tumban las casitas, ¿para dónde nos vamos a ir?, con deudas en el banco y mi esposo apenas ganándose un mínimo”.

Por su parte, María Aurora Marín, es otra habitante del sector Alto Bonito que, aunque no fue notificada para demolición de su vivienda, la Administración no le permitió continuar con la construcción de su casa. Ante esto, María Aurora expresó, entre lágrimas, que esta situación la llevó en un tiempo, a no poder comer ni dormir. “Es la enfermedad más grave para uno. A mí lo que me dijeron era que me podían tumbar la casa si yo no pagaba una multa por haber iniciado la construcción, pero yo de dónde voy a pagar si no tengo trabajo y a esta edad nadie me va a dar”, agregó.

María Aurora, lleva 22 años en Rionegro, y 12, en Alto Bonito. Paga los servicios de energía, gas y agua, pero sin alcantarillado. Dice que no cuentan con contadores de agua, que es uno colectivo. Y concluye pidiéndole a la Administración que los dejen tranquilos en el sector, “o que, si nos van a sacar, que nos paguen las deudas y nos den en dónde vivir”.

Hasta el momento no hay ninguna solución, ni por parte de la Administración Municipal, ni de EPM, EpRio, Cornare, el Departamento de Antioquia, ni del Ministerio del Medio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, todos involucrados en una problemática ambiental, que afecta, no solo al sector de Alto Bonito, sino también a los habitantes del municipio de Rionegro. En definitiva, lo que busca la comunidad es que, en buenos términos, se dé una solución benéfica para todos.

Finalmente, el abogado Adadier Perdomo concluye que, “frente a todo esto, lo que viene ahora es una acción de grupo para decirle al Estado que resarza esos daños y perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales, porque las familias están en un estado de shock y de crisis social, en el entendido de que ya no hay paz y se está afectando toda una población infantil, e incluso, de la tercera edad, y de todos los asentados en el sector. La comunidad se encuentra en un estado de pánico social, de inseguridad jurídica y demás”.

¿Qué dice la empresa de servicios públicos EPRío?

El gerente de la E.S.P. EPRio Carlos Agusto Agudelo le dijo a La Prensa que reconoce que existe una problemática, que en los 18 meses que es EPM el operador del acueducto local no han otorgado nuevas factibilidades del servicio.

La falta de un sistema de alcantarillado que permita el adecuado manejo de las aguas servidas es una de las razones. “El denominado plan parcial No. 4 en el sector Fontibón nos da la hoja de ruta para atender las nuevas construcciones donde son los mismos promotores quienes hacen posible extender nuevas redes y conectarlas al colector Subachoque, que conduce las aguas negras a la planta de tratamiento de aguas residuales PTARD”.

No es la EPRio quien le dará solución a la problemática que ha tomado ventaja en varios años atrás en el sector Alto Bonito, mientras muy cerca de allí se alzan las torres de apartamentos que ya tienen resuelta la disposición de las aguas domésticas. Las afectaciones a las fuentes de agua por cuenta de construcciones irregulares y que ocupan terrenos declarados como de reserva hídrica dificultan aún más una solución que se avizore en el corto o siquiera mediano plazo, esta es sin duda una solución lejana.

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