El drama de las demoliciones en Rionegro

La Prensa le comparte algunas historias que dan fe de la dura situación a la que se enfrentan varios habitantes de Rionegro, que han llegado al municipio en situación de desplazamiento, y que ahora, han tenido que ver destruidos sus sueños y esfuerzos, a causa de una política de la administración municipal que busca demoler las construcciones que infringen las normas urbanísticas.

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Margarita María Hincapié, tiene 53 años y es doblemente desplazada, primero del municipio de Segovia, Antioquia, y segundo, de la ciudad de Cali. En el 2017, llegaron a Alto Bonito, donde compraron un lote en el que empezaron a construir su casa; sin embargo, la Secretaría de Planeación les detuvo la construcción y les dio orden de demolición de su vivienda.

Debido a las deudas que habían adquirido con el fin de tener su propia casa, Margarita y su esposo tuvieron que seguir con la construcción, omitiendo el sello que la Administración les había puesto. “En abril de 2018, nos dijeron que eso hoy va a demolición, nos dieron ocho días para que tumbáramos la casa o que ellos la mandaban a tumbar”, expresó Margarita, quien inicialmente por desconocimiento, no había llevado la problemática a un proceso judicial, pero luego, dejó todo en manos de un abogado que logró detener la orden por medio de un derecho de petición.

Margarita expresó que esta problemática la había llevado a un estado de depresión y de enfermedad debido a la preocupación por la demolición de su casa. “Estábamos preocupados de que nos iban a venir a tumbar, hasta que llegó otro abogado, uno general para todo el sector, que nos dijo que nos iba a ayudar y entonces todos nos unimos”, dijo, agregando que le pide a la Administración que, “todos como seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna, que no nos hagan este daño, porque si nos tumban las casitas, ¿para dónde nos vamos a ir?, con deudas en el banco y mi esposo apenas ganándose un mínimo”.

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Luz Viviana Manrique, es una humilde mujer, desplazada de Sonsón en el año 2006, año en el que llegó, junto con su esposo y sus dos hijos, al sector de Abreíto en Rionegro. Inicialmente, esta familia estuvo pagando arriendo por varios años, hasta que, 10 años después y –según ellos-, sin tener conocimientos previos sobre los procedimientos legales que se deben adelantar para la compra y construcción de vivienda en espacios públicos, vieron la oportunidad de invertir, con mucho esfuerzo y dejando una gran deuda en el banco, un pequeño lote ubicado en el mismo sector.

La construcción de su propia vivienda se dio gracias al cariño que sentían sus vecinos por ella, pues, poco a poco, se encargaron de regalarles los adobes, el cemento y la mano de obra. Luz Viviana acepta que fueron las personas de su alrededor las que les dieron prácticamente todo.

Pero en enero del 2018, cuando su vivienda ya contaba con paredes y una plancha en el techo, llegó la notificación de la inspección de policía que avisaba sobre una construcción ilegal, incumpliendo con los respectivos permisos y comportamientos contrarios a la normatividad urbanística, y se les solicitó la suspensión de la obra.

Para Luz Viviana y toda su familia fue una situación muy difícil y desalentadora, especialmente porque uno de sus hijos había nacido con discapacidad y el no poder brindarle una buena vivienda la desmotivaba completamente.

Esta madre trató de hacer todo lo posible por buscar una solución junto con el personal de la Administración; sin embargo, la respuesta que obtuvo fue un no, “me dijeron si me quedaba en la casa con el niño, estaría dispuesta a que nos cayeran los ladrillos sobre la cabeza. Me dijeron que eso se tumbaba porque se tumbaba, y que si me volvía muy grosera llamaban al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

A pesar de haber hecho hasta lo imposible por buscar una solución, de ir a Planeación para solicitar los respectivos permisos y licencias, donde nunca le dieron respuesta; de buscar un subsidio de vivienda debido a su condición de desplazamiento y con su hijo discapacitado, y no contar con los recursos para abonar el valor de 5 millones de pesos como requisito para el subsidio, el 26 de octubre de 2018 fue demolida su vivienda, y desde entonces Luz Viviana y su familia viven, sin pagar arriendo, en una finca que administra su esposo, mientras continúan cancelando las cuotas del préstamo que hicieron en el banco.

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Así como la historia de Luz Viviana Manrique, Aracelly Álvarez Marín, llegó a la vereda El Rosal en Rionegro, en el año 2000, por desplazamiento forzado del municipio de Argelia. Junto a su familia, Aracelly, quien entonces tenía 15 años, llegó a la casa donde dos de sus hermanos ya vivían anteriormente. Años después la casa pasó a ser propiedad de toda la familia y en el 2011, Aracely adquirió el 50 % del predio, viviendo así, con su mamá, su esposo y su hijo.

Luego de haber adquirido el derecho de propiedad del bien, Aracelly y su esposo iniciaron la construcción de un muro de contención y una habitación en la parte superior de la vivienda, a raíz de que esta, se encontraba construida sobre un barranco que estaba cuñado con algún material especial que detenía su caída.

Varias veces fuimos al municipio porque ese muro se caía y nosotros teníamos que estar organizándolo con orillos y todo eso, le pedimos ayuda a la administración y nos dijeron que ellos para muros de contención no daban subsidios; entonces tomamos la decisión por cuenta propia de construir el muro; luego quisimos aprovechar ese espacio, y en 2014, con mucho esfuerzo y por medio de préstamos, construimos una habitación, porque con la llegada de mi hijo, ya no cabíamos solo en una pieza”, expresó.

Sin embargo, el día 15 de febrero de 2016 un ciudadano anónimo interpuso ante la Secretaría de Planeación una queja por la construcción que Aracelly realizó, porque no contaba con la debida licencia urbanística, razón por la cual le hicieron una visita técnica y le dieron orden de suspensión de la obra, aunque ésta ya estaba construida y habitada. “Reitero que la construcción consiste en un muro de contención y una habitación de 4.20 metros de largo por 2.60 metros de ancho en la parte alta”, agregó Aracelly, quien además deja en claro que al principio del proceso se acercó a la oficina de planeación para solicitar la licencia y le informaron que no era posible legalizar la obra porque no conservaba el retiro reglamentario de la vía y cumplía con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, razón por la cual a la fecha no ha podido tramitar la licencia.

Actualmente, Aracelly se encuentra pagando una multa por 5´370.000 pesos, debido a la infracción cometida; sin embargo, a pesar de esto, el 6 de diciembre de 2018 le llegó la notificación de demolición, con plazo hasta el 6 de enero para que ella, por sus propios medios, demoliera la habitación. “A mí me parece ilógico, porque son los sueños de uno, todo lo que uno hace ha sido con esfuerzo de la familia, hay que sacrificar hasta la comida para uno cumplir con todo. Son muchas cosas de las que uno se cohíbe para poder avanzar”, expresó Aracelly.

Finalmente, su proceso se encuentra sin avance alguno, a la espera de que en cualquier momento ocurra un milagro o todo lo contrario…

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